El propio informe Delors (1996, op. citada) indica la necesidad de establecer dispositivos objetivos y públicos, para que los ciudadanos estén en condiciones de comprender la situación del sistema educativo y su impacto sobre la sociedad.
Si duda y como consecuencia de la revalorización apuntada, Delors está señalado la importancia, la necesidad y la urgencia de evaluar los sistemas educativos y sus ámbitos fundamentales. No podemos dejar al azar la naturaleza y la orientación de su desarrollo y el análisis de sus consecuencias después de adquirir conciencia respecto de su trascendencia en el contexto de las sociedades postindustriales.
Aunque los docentes, han evaluado siempre a sus alumnos y la evaluación ha ocupado tradicionalmente un lugar preeminente en la práctica educativa, hasta hace poco tiempo no se hablaba tanto de ella, ni se había depositado tantas expectativas en las aplicaciones que puede proporcionar.
Sin embargo, la novedad radica en que el campo semántico del término “evaluación” se ha ampliado considerablemente. En la actualidad, su ámbito de actuación se extiende más allá de los alumnos, y comprende la intervención educativa, el currículum, los centros, los docentes y un largo etcétera, hasta englobar el conjunto del sistema educativo.
En este sentido, el informe señala (La evaluación de la educación ha de ser concebida en sentido amplio. No tiene como único objeto la oferta educativa y los métodos de enseñanza sino también la financiación, la gestión, la orientación general y la consecución de objetivos a largo plazo).
En este sentimiento sobre la necesidad de evaluar los sistemas educativos y sus elementos constitutivos es compartido por multitud de países, y ha de ser situado en el contexto de una incipiente concienciación sobre el final de un ciclo expansivo de los sistemas educativos, basado en el aumento de las aportaciones económicas.
Este ciclo se inició al final de la Segunda Guerra Mundial, y fue promovido por las necesidades que tenía el mercado laboral de personal formado y cualificado para atender los procesos de industrialización y modernización de la sociedad. Actualmente, es posible que haya tocado techo, si se tiene entendido el extendido sentimiento de que los jóvenes, a pesar de constituir la generación mejor preparada de toda la historia de la humanidad, encuentran grandes dificultades para insertarse en la sociedad en la sociedad laboral, incluso en el ámbito formativo para el cual fueron educados durante años.
Se está abandonando el concepto de educación como inversión, y se empieza a percibir como una actividad que genera un considerable gasto social. En consecuencia, en momentos de cambios estructurales en los planteamientos económicos de las sociedades, se cuestiona este tipo de aportaciones, lo que dificulta que pueda seguirse manteniendo un crecimiento o mejora del sistema educativo basado exclusivamente en mayores inversiones económicas.
El papel de la evaluación se concibe entonces con un doble propósito: como instrumento de control al servicio de una sociedad que quiere conocer los objetivos a los que se orienta la educación y el rendimiento que se obtiene de tan importante esfuerzo (rendición de cuentas), y también como instrumento de mejora y optimización del propio sistema y de sus resultados, expresado en forma de calidad educativa.
Todo ello implica una extensión importante de los mecanismos de evaluación que se deben aplicar a todos los niveles del sistema. Por otro lado, esta extensión se acompaña de un cambio de lugar de la cultura de la evaluación que ya no se orienta tanto hacia la sanción, la clasificación y la selección como hacia aportar una información razonada y razonable dirigida a dirigir eficazmente la gestión de la mejora educativa.
Con todo, hay que añadir un último e importante apunte aclaratorio: aunque la aceptación del doble papel de la evaluación es general, sin embargo, en el seno de las sociedades más desarrolladas se alzan voces discrepantes sobre el sentido y la orientación otorgados a la educación en la época industrial, que la ligaba casi exclusivamente a las necesidades del sistema productivo.
La educación debe tener como referente la sociedad en su conjunto y no sólo uno de los factores, pues si algo distingue las sociedades postmodernas es su pluralidad de enfoques la diversificación de sus elementos, la multiplicidad de interacciones que se dan entre ellos y la velocidad con que se producen los cambios. Sin duda, esto genera una amplia gama de necesidades de todo tipo.
La educación como factor catalizador y de desarrollo de las capacidades humanas y de enriquecimiento de las experiencias de los sujetos es, con absoluta seguridad, lo que mejor facilita la adaptación activa a esa configuración plural y dinámica del conjunto de necesidades sociales. Se trata, también, de un importante elemento que genera calidad de vida, ofrece respuestas a las necesidades más inmediatas de un sofisticado sistema postindustrial y resulta clave en los procesos de adaptación de los sujetos al cambio. Es evidente, pues, que en el futuro se seguirá apostando por ella.
Sin embargo, es evidente, tal como hemos visto en el apartado anterior, que su naturaleza se ha modificado sustancialmente, tanto en lo que hace a sus contenidos, objetivos, métodos y agentes. Todo ellos ha comportado un cambio sustancial del paradigma organizativo de la educación, cambio que afecta sustancialmente el sentido básico de todos los elementos que convergen en ella como es el caso de la evaluación.
En el nuevo paradigma organizativo emergente, la evaluación se convierte en parte de los procesos de control y de desarrollo de la propia calidad y sirve también para la rendición de cuentas. Reviste una gran importancia estratégica y está al servicio de la progresión hacia la realización de las finalidades del sistema y del conjunto de los componentes que están al servicio del desarrollo hacia la calidad.
